Un DPO (Data Protection Officer) o Delegado de Protección de Datos es la figura encargada de supervisar que una organización cumpla con la normativa de protección de datos personales. Especialmente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) en España. Su labor consiste en asesorar, supervisar y actuar como punto de contacto entre la organización, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y los ciudadanos en todo lo relacionado con el tratamiento de datos personales.
Aunque el DPO se centra en el cumplimiento normativo en materia de privacidad, trabaja de forma coordinada con otros perfiles especializados en seguridad de la información. Si quieres conocer otra figura clave dentro de este ámbito, puedes leer nuestro artículo sobre qué es un CISO y cuáles son sus funciones.
Funciones de un DPO
Las funciones del DPO están definidas principalmente en el artículo 39 del RGPD. Su misión reside en fomentar una cultura de protección de datos dentro de la organización.
Entre sus principales responsabilidades destacan las siguientes.
Supervisar el cumplimiento del RGPD
Una de las funciones esenciales del Delegado de Protección de Datos RGPD es vigilar que la organización cumpla con la normativa vigente en materia de protección de datos, tanto el RGPD como la LOPDGDD.
Para ello, supervisa aspectos como la correcta aplicación de las políticas de privacidad o el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva (accountability).
También se encarga de la elaboración y mantenimiento del registro de actividades de tratamiento. Y de la realización de evaluaciones de impacto sobre protección de datos (EIPD) cuando sean necesarias.
Por otra parte, gestiona las brechas de seguridad relacionadas con datos personales.
Además, verifica que los tratamientos de datos dispongan de una base legal adecuada y que se respeten los derechos de los interesados.
Asesorar y formar a la organización
El Data Protection Officer también tiene una importante función de asesoramiento interno.
Entre sus tareas se encuentran informar a la dirección y a los responsables del tratamiento sobre sus obligaciones legales.
También tiene que resolver dudas relacionadas con privacidad y protección de datos.
O diseñar programas de formación para empleados.
Incluso promover la privacidad desde el diseño y por defecto en nuevos proyectos y procesos.
La formación continua del personal resulta clave para minimizar riesgos y prevenir incumplimientos.
Punto de contacto con la AEPD y los interesados
Otra de las funciones del DPO empresa consiste en actuar como interlocutor entre la organización y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Asimismo, atiende las consultas y solicitudes de los ciudadanos relacionadas con el ejercicio de sus derechos, como derecho de acceso, derecho de rectificación o derecho de supresión.
También se incluye el derecho de oposición, el derecho a la limitación del tratamiento o el derecho a la portabilidad.
El RGPD establece que el DPO debe desarrollar sus funciones con plena independencia y respetando el deber de confidencialidad.
¿Cuándo es obligatorio tener un DPO?
Una de las dudas más habituales es conocer cuándo es obligatorio contar con un Delegado de Protección de Datos.
El artículo 37 del RGPD establece que el nombramiento del DPO será obligatorio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos.
En primer lugar, que el tratamiento sea realizado por una autoridad u organismo público, salvo los tribunales en el ejercicio de su función judicial.
Por otro lado, que las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de personas interesadas a gran escala.
También, cuando las actividades principales consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales o de datos relativos a condenas e infracciones penales.
Además, la LOPDGDD amplía esta obligación para determinadas entidades y sectores en España, como centros docentes, entidades financieras, compañías aseguradoras o prestadores de determinados servicios digitales, entre otros supuestos previstos legalmente.
En cualquier caso, aunque una organización no esté obligada a designar un DPO, puede hacerlo de forma voluntaria para reforzar su modelo de cumplimiento y mejorar la gestión de la privacidad.
DPO interno vs DPO externo
A la hora de designar un DPO, las organizaciones pueden optar por un profesional interno o contratar un DPO externo.
Un DPO interno forma parte de la plantilla de la empresa y conoce en profundidad los procesos internos. Sin embargo, es importante garantizar que pueda ejercer sus funciones con independencia y sin conflictos de interés.
Por otro lado, un DPO externo presta sus servicios como consultor o a través de una empresa especializada. Esta opción suele resultar especialmente interesante para pequeñas y medianas empresas que necesitan cumplir con la normativa sin incorporar un perfil específico a tiempo completo.
No existe una modalidad mejor que otra; la elección dependerá del tamaño de la organización, del volumen de tratamientos de datos y de sus necesidades de cumplimiento normativo.
Requisitos y certificación para ser DPO
El RGPD no exige una titulación concreta para ejercer como Delegado de Protección de Datos.
No obstante, el artículo 37 establece que deberá designarse atendiendo a sus conocimientos especializados en Derecho y en la práctica de protección de datos, así como a su capacidad para desempeñar las funciones previstas por la normativa.
En la práctica, un buen DPO combina conocimientos en ámbitos como protección de datos, compliance normativo o gestión de riesgos. También posee conocimientos en ciberseguridad, auditoría o gobierno de la información.
Respecto a la certificación DPO, conviene aclarar que el Esquema de Certificación de Delegados de Protección de Datos de la AEPD tiene carácter voluntario. Obtener esta certificación puede acreditar los conocimientos y la experiencia del profesional, pero no constituye un requisito obligatorio para ejercer como DPO.
Cuánto cobra un DPO
El salario de un Data Protection Officer depende de factores como la experiencia, el sector, el tamaño de la empresa y el nivel de responsabilidad.
Según las guías salariales publicadas por consultoras especializadas en selección de talento, un DPO junior suele situarse aproximadamente entre 35.000 y 45.000 euros brutos anuales.
Por su parte, los perfiles con experiencia pueden superar los 60.000 euros e incluso alcanzar cifras superiores en grandes compañías o sectores altamente regulados.
En el caso de los DPO externos, la retribución suele establecerse mediante honorarios profesionales, que varían en función del alcance del servicio contratado y de la complejidad de la organización.
Como ocurre con cualquier perfil especializado, estas cifras son orientativas y pueden variar según el mercado y la actualización de las guías salariales disponibles.
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